«Apagón en el asilo de Málaga», noticia publicada en el País.

Un millón cuatrocientas dos mil ochocientas cincuenta y cuatro personas firmaron la solicitud de iniciativa legislativa popular contra los desahucios, promovida por la PAH. Ni escribiéndola a letra consigo darle a la cifra la importancia que tiene: ejercer la democracia real y obligar a que se tramite una ley que acabe con el genocidio social de los desahucios. Es tanta la fuerza que tienen ese millón cuatrocientas dos mil ochocientas cincuenta y cuatro personas, que incluso han conseguido doblegar al partido del Gobierno y obligarle a levantar el veto sobre la iniciativa.

Quizá estemos ante la pesadilla del político: un país donde los ciudadanos participen en algo más que en el trámite electoral de cada cuatro años; pero no debemos ser ingenuos. A la iniciativa legislativa aún le queda un largo recorrido. Posiblemente sea absorbida por la burocracia, desnaturalizada por el debate partidista y finalmente aprobada en forma de parodia de sí misma. Sin embargo, lo ocurrido nos muestra la importancia de cada ciudadano, el poder que cada uno de nosotros tenemos para intervenir en los asuntos públicos y la responsabilidad en que incurrimos al delegarlo en los políticos y desentendernos.

Ejerzamos ese poder. Cada uno en su micro-universo, pero dando siempre la batalla. Como un ejército de uno.

La foto muestra la imagen de dos parlamentarios de la Asamblea de Madrid durante la sesión de votación de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos (un eufemismo para denominar a la ley que privatiza la sanidad y le da patente de corso al promotor de Eurovegas). Sus señorías no están estudiando el proyecto antes de emitir su voto. Ni atendiendo a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios por si existen alternativas que mejoren la norma. Nada de eso, se entretienen jugando al apalabrados, la versión para móviles del scrabble.

Lo peor del asunto no es que un diputado de la Asamblea madrileña cobre 3.503,46€ brutos al mes, más los pluses si es portavoz de grupo o comisión, para jugar con el móvil durante las sesiones parlamentarias. Lo más sangrante es el absoluto desprecio mostrado por nuestros políticos hacia los ciudadanos a los que dicen representar.

Imagino que, entre turno y turno, los jugadores se enviarían mensajes de este tipo:

– Chollo, 15 puntos. Y doble tanto de palabra, por ser portavoz de comisión. 30 puntos. Te toca.

– Pelotazo, 19 puntos. Pero como soy portavoz del partido, triple tanto de palabra. 57 puntos.

Pero no se preocupen, no todo está perdido. Uno de los retratados ha demostrado que aún queda algo de dignidad en nuestros políticos y ha pedido perdón a la real manera: «Lamento mucho lo sucedido. No hay excusa. Y por supuesto, no volverá a suceder. Lo siento». De dimitir, ni hablamos.

Foto: ElPais.com

El ministro de Economía, que presidía la delegación ibérica de Lehman Brothers cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime, y el presidente de Bankia, esa entidad financiera cuyo rescate nos costará a todos 23.465 millones de euros, se divierten de lo lindo bromeando sobre el dinero que recibirá el banco para evitar su quiebra. «No te preocupes, José Ignacio, que ya ha llegado», le dice el ministro entre risas al banquero.

Desconozco si José Ignacio está intranquilo. Si lo está, lo disimula muy bien. De lo que estoy seguro es de quiénes están preocupados: 5.000 trabajadores de Bankia serán despedidos, mientras que el resto verá su sueldo rebajado un 40%.

Cada desahucio del que tenemos noticia evidencia la sobreprotección que la legislación hipotecaria le ofrece a las entidades financieras frente a los ciudadanos. Sin embargo existen otras características de las deudas hipotecarias menos conocidas pero igual de perversas: entre ellas el tándem formado por los conceptos «interés moratorio» y «resolución anticipada».

El interés moratorio es el porcentaje aplicado sobre el capital adeudado en caso de impago. Se configura como un castigo para quien se retrasa en el pago de su cuota hipotecaria y normalmente se fija en el 29% anual sobre el importe de las cuotas adeudadas.

Por su parte, la resolución anticipada es la facultad otorgada a la entidad financiera para, en caso de impago de la cuota hipotecaria, tener por resuelto el contrato y considerar vencida la deuda, de modo que el deudor queda obligado a la devolución inmediata de la totalidad del importe del préstamo.

La combinación de ambos conceptos resulta fatal para el deudor y muy lucrativa para el banco, ya que en caso de resolución anticipada los intereses moratorios se aplicarán a todo el importe del préstamo y no sobre las cuotas impagadas. Consideremos una hipoteca en la que la deuda asciende a 180.000€. Si el deudor deja de pagar las cuotas hipotecarias y el banco decide dar por vencido el préstamo, los intereses moratorios gravarán al 29% anual dicha cantidad, lo que significa que, por el hecho de no poder pagar la hipoteca, el banco ganará 4.350€ al mes. Nadie negará que es un excelente negocio.